Consideraciones a saber sobre decreto 2025 de 1996
Consideraciones a saber sobre decreto 2025 de 1996
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El Tribunal Constitucional ha público que esa situación de extraordinaria y urgente indigencia puede deducirse «de una pluralidad de instrumentos», entre ellos, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
En este sentido, el presente escenario en el que, al inicio de este examen de 2025 se cuenta con un presupuesto prorrogado, justifica plenamente la asimilación por el Gobierno de medidas que garanticen la cobertura presupuestaria precisa para la implementación de políticas públicas necesarias en materia de movilidad sostenible.
No se consideran subvencionables los vehículos de segunda mano ni los adquiridos mediante fórmulas jurídicas que no transfieran la propiedad del transporte a la persona beneficiaria.
En presencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad analizada, la aprobación de un Positivo decreto-ralea, hexaedro el rango justo exigible de muchas de las medidas a implementar y delante las alternativas posibles, hacen que esta norma se erija como la opción más adecuada y pertinente.
a) Se comprobarán un 30 % de las acreditaciones remitidas de acuerdo con el plan de comportamiento para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas.
a) El valía medio que correspondería a un inquilinato de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de narración del precio del inquilinato de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento.
A continuación, se presenta una letanía de normas de seguridad y Vigor en resolución 0312 de 2019 esta vigente el trabajo que han sido derogadas o reemplazadas por normas más recientes. Si encuentra alguna de estas normas en su matriz de requisitos legales para 2025, es hora de eliminarlas:
Estas ayudas tenían por objetivo amortiguar los enseres de la inflación y acelerar la recuperación de viajeros en el transporte conocido, adecuado a la declive de demanda que provocó la crisis sanitaria de la COVID-19 y disimular el impacto inflacionario en familias con menores capital.
En suma, atendida su finalidad y por el contexto de aprieto y exigencia temporal en el que se dicta este Vivo decreto-clase, cabe concluir que concurre el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente indigencia requerido en el artículo 86 de la Constitución Española, y se respetan los límites contemplados en dicho precepto.
5. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán desarrollar o completar este procedimiento con objeto de proveer su gobierno y la percepción de las compensaciones por el arrendador o el propietario.»
1. Se establece como criterio objetivo para la determinación de la cuantía del avance de las ayudas, los ingresos anuales obtenidos en la prestación de los servicios de transporte por aplicación de las tarifas o precios públicos, determinados de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes.
La solicitud para el cobro de las cantidades debidas y avaladas se podrá realizar en el plazo de 6 meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, aunque sea, mediante resolución sumarial de emanación, pero sea mediante acuerdo sumarial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la posesión.
Por Acuerdo de Consejo de Ministros se podrán establecer los requisitos que deben cumplir los planes alternativos de transporte a implantar cuando la capacidad de circulación de los trenes quede estrecha por una incidencia o por obras programadas en la infraestructura, incluyendo al menos los requisitos mínimos de conectividad que deben cumplir, para el posible establecimiento de bonificaciones temporales en las tarifas, y su financiación.
1. Estas medidas de apoyo son compatibles y acumulables con cualquier otra subvención o ayuda que pueda estarse concediendo con la finalidad de aminorar el precio final de abono de los títulos recurrentes expedidos por los prestadores del servicio.